Ejecutar desahucios, un «abuso» para los municipales
El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Rodríguez Uribes, planteó ayer a la jueza decana y al fiscal jefe de Madrid que los agentes de la Policía Nacional dejen de acompañar a la comisión judicial en los desahucios para que esa misión sea encomendada a las policías locales.
En un encuentro con periodistas, Rodríguez Uribes explicó que se trata de una sugerencia que se planteó el pasado 19 de diciembre en un reunión con colectivos antidesahucio y que después se trasladó a la jueza decana y al fiscal jefe de Madrid.
Pese a que la Delegación del Gobierno no tiene competencias en materia de desahucios, ya que son los ayuntamientos, la Comunidad de Madrid y los jueces los que ordenan a la Policía Nacional acudir a un lanzamiento, el delegado quiere mejorar la respuesta cuando éstos se producen.
Así y, a raíz de las resoluciones de Naciones Unidas que piden paralizar un desahucio si las administraciones no dan a ese vecino una alternativa habitacional, Rodríguez Uribes apuesta por la creación de una persona «de enlace» y «que se podría llamar agente del Reino de España». Esta figura serviría para coordinar con los jueces la respuesta cada vez que la ONU emite una resolución señalando que un desahucio no puede llevarse a cabo sin una solución de vivienda por parte de las administraciones.
El delegado del Gobierno considera que los policías nacionales deberían dejar de participar en estos desahucios que son sociales y a los que deberían acudir agentes municipales y el Samur social.
Ante esta propuesta, José Francisco Horcajo, portavoz de uno de los sindicatos mayoritarios, CSIT-Unión Profesional, ve inviable esta propuesta. «Nos parece muy mala idea, sobre todo por la carencia de personal que tenemos y que vamos a tener en los próximos meses con la jubilación de muchos compañeros». Y es que Horcajo calcula que este año abandonarán su puesto «entre 500 y 700, de los 6.200 municipales que somos».
Hasta el momento, acudían a los desahucios a los que les enviaba el juez, «y ya nos era difícil mantener el servicio, si ahora sólo nos envían a nosotros va a ser aún más difícil». E insiste en que «es un abuso incluir esta labor a nuestra carga de trabajo».
Por su parte, el Área de Seguridad, Salud y Emergencias del Ayuntamiento de Madrid reaccionó a este anuncio al considerar que «ningún policía», sea municipal, nacional o cualquier otro, debería intervenir en ningún desahucio de personas en riesgo de vulnerabilidad.
Desde el departamento del concejal Javier Barbero se alegraron de que el delegado del Gobierno «comparta el enfoque que el Ayuntamiento ha defendido desde el inicio de la legislatura» tendentes a dar una respuesta social a los alzamientos de vivienda derivados de la crisis económica y el paro. «Es un problema social y no de seguridad. Desde que entramos al Área, aunque no nos podemos negar a los requerimientos, entendemos que la Policía Municipal no debería intervenir en ningún desahucio».
Argumosa 11: nueva amenaza
El Sindicato de Inquilinos ha convocado para hoy una concentración para paralizar el tercer intento de desahucio de la vivienda de Rosi, una mujer que vive en el número 11 de la calle Argumosa. El de Rosi será su tercer intento de desahucio y el décimo del total en Argumosa 11 en los últimos meses. El anterior fue paralizado porque su marido se encontraba ingresado en el hospital por una crisis cardiaca. En la imagen, el intento de desahucio de Pepi, vecina del mismo bloque
