Carmena aprueba el convenio que rechazó el 85% de sus policías
La alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, y el concejal de Seguridad, Javier Barbero, sacaron ayer pecho de la firma del nuevo convenio de la Policía Municipal, con sus mejores sonrisas y a pocos meses de las elecciones. Lo hicieron solo con el beneplácito de tres de los sindicatos del ramo, UGT, CC.OO. (estos dos, los minoritarios) y UPM. Todos los de izquierdas. Y los mismos que convocaron un referéndum que rechazó el 85% de la plantilla este pasado junio. Por contra, lo aprobado ayer no cuenta con el visto bueno de CPPM (el mayoritario) y CSIT-UP-PLA, tercera central en número de representados.
«¡Qué contentísimos estamos! Ha sido fantástico, ya tenemos convenio», sobreractuó la regidora, quien puso el acento en que así se pone fin a 10 años sin negociación colectiva en la Policía Municipal. El que está aún en vigor caducó en 2015. Dice el Consistorio que el nuevo texto supone un incremento de 140 euros al mes para policías y oficiales y la subida del complemento específico de 520 euros anuales, según la valoración del puesto de trabajo. Hay tres nuevos modelos de jornadas laborales ampliadas, para que quienes voluntariamente puedan solicitarlas tengan un «incremento retributivo», que permitirán «planificar mejor» la seguridad, ante la falta de plantilla (6.100 agentes).
Se reducirán las jornadas: trabajarán diez días menos en turno de mañana, 17 días en el turno de tarde y 65 horas en la noche.
CPPM criticó: «Como siempre, malas formas; han presentado un texto con variaciones que tenemos que descubrir en media hora para firmar y sin consultar. Luego, vuelven para que digamos si firmamos o no, sin admitir ni preguntas ni aclaraciones, y despreciando a la mayoría de la mesa de Policía, dando valor a sus sindicatos afines. A primera vista, el convenio quita cosas que habían empeorado, pero que ya estaban antes. Sobre propuestas previas, también empeoran cosas». Creen que el acuerdo les «discrimina frente al resto del Ayuntamiento, no soluciona ni compensa ningún problema y no garantiza los derechos pisoteados».
El sindicato CSIT-UP-PLA lo considera «un chantaje inadmisible»: «No hay ninguna de nuestras reclamaciones justas. Por no hablar de lo que vuelve a empeorar. ¿Qué prisa hay y qué formas son éstas?».
Por su parte, CSIF considera que «asistimos a la imposición der un acuerdo para la Policía Municipal por parte de un Ayuntamiento abiertamente hostil al Cuerpo y una rama sindical en minoría, que han desoído el mandato democrático de los profesionales, expresado en el referéndum».
