CSIT UNIÓN PROFESIONAL y el SINDICATO DE POLICÍA LOCAL ASOCIADA (P.L.A.) informan que el Consejo de Ministros aprobaba el pasado viernes, el Real Decreto por el que se regula la jubilación anticipada de los Policías Locales, que entrará en vigor el próximo día 2 de enero de 2019.
Esta norma permitirá que los Policías Locales puedan solicitar el adelanto de su jubilación de acuerdo con los siguientes criterios:
- El adelanto se puede solicitar por el tiempo que resulte de aplicar un coeficiente reductor del 0,20% al número de años que hayan trabajado efectivamente como agentes municipales, pudiéndose reducir la edad ordinaria de jubilación en más de 5 años (podrán llegar a ser 6 años, siempre que se acrediten 37 años de actividad efectiva y cotización).
- El requisito imprescindible para acceder a la anticipación de la edad de jubilación será haber cotizado 15 años como Policía Local.
- Los interesados deberán comunicar a la administración municipal correspondiente su voluntad de acogerse a esta modalidad de jubilación antes del 31 de enero de cada año.
- Los años de cotización efectiva como Policía Local para anticipar la edad de jubilación hasta 6 años se van a exigir de manera progresiva: en 2019, serán necesarios 35 años y medio; en 2020, 2021 y 2022, 36 años; en 2023, 2024, 2025 y 2026, serán 36 años y medio; y en 2027 y posteriores, 37 años.
- Esta medida supone un incremento adicional en la cotización del 10,6% para todos los policías en activo. De esta cuota, los municipios deberán financiar el 8,86% y los propios funcionarios, el 1,76% restante.
Desde el SINDICATO DE POLICÍA LOCAL ASOCIADA (P.L.A.), trabajando conjuntamente con CSIT UNIÓN PROFESIONAL en el ámbito de la Policía Local, estamos satisfechos con la decisión adoptada. Finalmente, se atiende una reivindicación histórica de los Policías Locales: la jubilación anticipada, que va a permitir un rejuvenecimiento de las plantillas, la efectividad de la 2ª actividad y la equiparación con otros Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, garantizándose las mayores garantías para la seguridad de los ciudadanos.