Entrevista en ABC sobre las sanciones por no exhibir las etiquetas medioambientales

Entrevista a José Francisco Horcajo en el períodico ABC, el 7 de mayo, sobre las multas en la ciudad de Madrid por no exhibir la etiqueta medioambiental de la DGT

Carmena activó las multas por no exhibir la etiqueta de la DGT sin saber qué régimen jurídico aplicar

Desde el pasado 24 de abril está prohibido circular por la capital sin exhibir el distintivo de la Dirección General de Tráfico (DGT), sin embargo, el Ayuntamiento aún no tiene claro qué régimen jurídico debe prevalecer en caso de cazar a un infractor. Por el momento, y hasta que se dilucide el asunto, los agentes de la Policía Municipal tienen la orden de tratar las sanciones como una «infracción en materia de convivencia» en vez de que sea considerada de «tráfico».

En una carta firmada por el Comisario General de la Policía Municipal, Teodoro Pérez, a todos los jefes de las unidades se informa de que la Subdirección General de Gestión de Multas de Circulación ha solicitado a la Dirección General de Organización y Régimen Jurídico de la Gerencia de la Ciudad que «aclaren quién es el órgano competente para sancionarlo». «De momento y en tanto se determina cuál es el régimen jurídico aplicable a esta infracción, han dispuesto que se le dé un tratamiento de una infracción de convivencia y no de una infracción de tráfico», indica el escrito, rubricado el pasado 3 de mayo, al que accedió ABC.

El Ayuntamiento pretende que su visibilización ayude al control manual que realizan los agentes de Movilidad y los policías municipales a la hora de vigilar el acceso a Madrid Central o a las zonas restringidas durante los episodios de alta contaminación en los que se active el protocolo a partir de su escenario 2. Los propietarios de los coches que no lleven el distintivo en el parabrisas se exponen a multas de 15 euros, la mitad si es por pronto pago. Pese a que la norma sea de ámbito municipal, todos los automovilistas que pasen por la ciudad tienen la obligación de llevarla expuesta.

Según el Ayuntamiento, «la consulta interna se ha realizado para determinar la posibilidad de aplicar el régimen sancionador en materia de tráfico», que es, subrayan, «más conocido por los conductores» y de «tramitación administrativa más sencilla». Sin embargo, tanto para el sindicato CSIT-UP (PLA) como para la asociación de Automovilistas Europeos Asociados (AEA), esta es una «nueva chapuza» de la ordenanza de Movilidad, que, además, fue sido recurrida ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) por AEA.

Para el portavoz de CSIT-UP y Secretario General del Sindicato de Policía Local Asociada P.L.A., José Francisco Horcajo, el asunto de fondo es que el Ayuntamiento «ha improvisado esta medida antes de que tuviera amparo legislativo». «Al no existir una norma con rango de ley que defina como obligatorio exhibir la etiqueta medioambiental, el Ayuntamiento no tiene otra opción que maquillarlas como infracciones de convivencia», sostiene Horcajo que, en declaraciones a este diario, considera que «es un parche más que no tiene cabida legal».

Sanciones recurribles

Para AEA todas las multas que se denunciasen por este hecho «son recurribles», puesto que la Ley de Seguridad Vial no incluye la obligatoriedad de exhibir la pegatina de la DGT. «Todas esas infracciones son ilegales por muchos motivos. Primero, porque infringe el principio de tipificidad, no hay ninguna norma con rango de ley que tipifique como infracción el no llevar el distintivo. Con independencia de cómo la tramite, todas las multas son recurribles», insiste Arnaldo.

Pese a que la norma es de ámbito municipal, todos los automovilistas que pasen por la ciudad tienen la obligación de llevarla expuesta. Por ello, desde AEA arguyen que la Dirección General de Tráfico tenía que haber enviado a todos los conductores españoles a través de una carta certificada la clasificación ambiental de sus vehículos para darles la oportunidad de recurrir esa clasificación. «Hay decenas de miles de vehículos que hemos detectado que no están bien clasificados conforme a las normas Euro y que tendrían derecho a una etiqueta medioambiental», sostiene Arnaldo, que vaticina que esta medida «improvisada» va a traer consigo «muchos recursos».